PAE en Caldas opera sin interrupciones, ceñido a la normatividad vigente y garantizando la calidad de los alimentos para 56.700 estudiantes
El Programa de Alimentación Escolar -PAE- es una de las estrategias de permanencia más valiosas que se ejecutan en el departamento. Este servicio, para el cual este año se destinaron recursos de aproximadamente $73.000 millones de pesos, opera sin interrupciones, ajustado a los estándares exigidos por las autoridades de control, ceñido a su presupuesto, cumpliendo las indicaciones legales y garantizando una alimentación de calidad para 56.700 estudiantes de 26 municipios desde el primer y hasta el último día de clases.
La Secretaría de Educación de Caldas reitera que el PAE continúa funcionando con normalidad y que se mantiene el seguimiento permanente a su ejecución. Así mismo, se permite establecer claridades frente a algunos comentarios que se han realizado públicamente sobre la estructuración económica y el tratamiento tributario de los contratos.
Marcelo Gutiérrez Guarín, jefe Administrativo y Financiero de la secretaría, explicó que dichos comentarios se dan por una posible confusión entre la estimación de un concepto durante la estructuración económica del contrato y el desembolso efectivo de los recursos públicos.
“Es importante diferenciar dos momentos completamente distintos: una cosa es incluir una estimación de la retención en la fuente dentro del estudio económico y de mercado para determinar el precio de referencia de las raciones, y otra muy diferente es realizar un doble pago. La presencia de ese porcentaje en la estructura de costos no significa, por sí sola, que se haya pagado dos veces el mismo concepto”, señaló el funcionario.
De acuerdo con la explicación, durante el estudio económico del PAE se tomó como referencia una estimación del 2,5%, correspondiente a la retención en la fuente, como parte de los elementos considerados para analizar los costos y establecer el valor de referencia de las raciones. Sin embargo, esta estimación no equivale a demostrar que la Gobernación haya desembolsado ese porcentaje al contratista y posteriormente lo haya pagado nuevamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
“La retención en la fuente se practica al momento del pago, cuando legalmente corresponde. Se parte del valor bruto de la obligación, se efectúa la deducción respectiva y ese valor retenido se gira a la DIAN. Por tanto, estamos hablando de una obligación contractual y de una deducción tributaria, no necesariamente de dos pagos por el mismo concepto”, precisó Gutiérrez Guarín.
El jefe Administrativo y Financiero también hizo referencia a los conceptos C-947 de 2026 y C-990 de 2026 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, citados como referentes para explicar que la retención en la fuente constituye un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y no un impuesto autónomo ni un valor adicional que la entidad deba pagar al contratista.
En este sentido, indicó que la inclusión de una referencia económica en la etapa de estructuración contractual no demuestra, por sí misma, la existencia de un detrimento patrimonial. Para establecer si hubo una afectación de los recursos públicos, es necesario revisar la información contractual, financiera, contable y de pagos correspondiente.
Transparencia y continuidad del PAE
Frente a la acción popular admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas, identificada con el radicado 17001233300020260022900, la Secretaría de Educación manifestó su disposición de entregar la documentación requerida para que las actuaciones sean verificadas con transparencia y rigor.
“Estamos poniendo a disposición del Tribunal toda la información contractual, financiera, contable y de pagos para que se realice la verificación correspondiente. Nuestro compromiso es actuar con transparencia, garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos y brindar claridad sobre los procedimientos adelantados”, afirmó el funcionario.
La prioridad de la Administración Departamental es garantizar la continuidad del servicio de alimentación escolar, contribuir al bienestar de los estudiantes y velar por el uso transparente y responsable de los recursos públicos destinados a la educación.
